¿Podrá soportar España 4 millones de bajas de clientes de banda ancha?

El tema ya cansino de la SGAE, el Gobierno y el ADSL en España es, cuanto menos, sorprendente. En un momento en que el país se acerca a toda máquina a los 4 millones de parados, ¿no tiene nada mejor que hacer el Ministerio de Cultura, que dedicarle tiempo a si se puede o no se puede utilizar P2P? Es que ya no es una cuestión de si los usuarios se bajan o no datos por la red, lo fundamental es que es un lobby con iniciales en mayúsculas, tiene más poder, que 50 millones de habitantes. Si esto pasase en EEUU ya estarían desde Europa machacando con que si en EEUU sólo gobiernan lobbies de poder (todos judíos según la “prensa” y fanáticos especializados), que sino existe democracia,etc etc. ¿Para que pagamos un Ministerio de Cultura, si se pone a las órdenes de cualquier institución no pública? ¿Pero tanto poder tienen? Es que no recuerdo nadie tan influente desde Garganta Profunda vamos.

Cerca de cuatro millones de ciudadanos no pueden acceder a la banda ancha en España en función de su sitio de residencia. A este indicador negativo para el desarrollo de la Sociedad de la Información en España se le podrían sumar bajas masivas de clientes del ADSL más lento y caro de Europa.

Las entidades representativas de la comunidad internauta, los profesionales y los consumidores informáticos en España estiman en cuatro millones la cifra de clientes de banda ancha -ADSL y cable- que podrían darse de baja si finalmente se confirma el acuerdo que REDTEL está negociando con las sociedades de gestión de los derechos de autor abanderadas por la SGAE, para que en España se den tres avisos antes de desconectar o ralentizar la conexión a Internet por usar redes P2P.

A la disminución de ingresos se sumarían las posibles indemnizaciones que podrían derivarse por incumplimiento de contrato de las operadoras y las sanciones aplicables en base a los artículos 8 (“Restricciones a la prestación de servicios y procedimiento de cooperación intracomunitario”) y 11 (“Deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación”) de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, modificado por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.

Mientras las operadoras de telecomunicaciones tratan de sortear la crisis, las sociedades de gestión de los derechos de autor intentan conseguir prebendas para las empresas productoras de contenidos, tratando de convencer a todo el mundo de que el intercambio de archivos entre particulares por Internet es un acto delictivo y que supone fuertes pérdidas al sector de entretenimiento.

Sin embargo tanto la fiscalía como las sentencias dictadas establecen que el intercambio de archivos con copyright restrictivo por redes P2P no es un delito y no es punible de ninguna forma cuando se trata de archivos públicos o bajo licencias copyleft (la mayoría de los casos).

Las propias entidades de gestión de derechos de autor han reconocido en el “Informe de la industria de contenidos en España”, publicado por ASIMELEC, que no hay una bajada de ingresos en el sector y que solo la música tiene un retroceso en la venta a través del canal tradicional (aunque no se informa del aumento de ingresos por, entre otros, actuaciones en directo, descargas y publicidad).

Lo cierto es que las negociaciones que se están llevando a cabo bajo el auspicio del Ministerio de Cultura, pueden suponer que algunas de las empresas más solventes y con mayor capacidad tecnológica de España empiecen a perder clientes a marchas forzadas. Lo que repercutirá en su cuenta de resultados y en su capacidad de mantener el empleo.

Pero lo más grave es que un acuerdo de esta naturaleza atenta contra la libre competencia, frena en seco el acceso a la Sociedad de la Información en España menoscabando los derechos civiles de los ciudadanos y alejando aún más el derecho constitucional de acceso a la cultura y al conocimiento.

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